Fuente: El Pingüino.com
En enero de 2016 el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de Punta Arenas (CAVI), dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia, cumplirá 14 años al servicio de la comunidad magallánica y, especialmente, de quienes son víctimas de la delincuencia y requieren asistencia social, legal y sicológica.
Son tres las profesionales que atienden a las víctimas y sus familiares; la asistente social Claudia Saiter, coordinadora del CAVI; Martina Pradenas, abogada, y Ximena Canales, sicóloga. Con ellas conversó Pingüino Multimedia para conocer la importante labor que realizan.
-¿Qué se entiende por víctima?
“Las personas que han vivido un proceso traumático producto de un delito. En nuestro centro se mantiene la atención especializada en delitos violentos”.
-¿Cuáles delitos específicamente?
“Nuestra mayor demanda es en delitos de abuso sexual, cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes (85% de las atenciones). Respecto de otros delitos, atendemos casos de alta connotación pública, entre otros: delitos sexuales, lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, robos con violencia, homicidios, presuntas desgracias, trata de personas, negligencias médicas, femicidios, secuestros y toda la gama de delitos que abarca nuestro catálogo de atención, obteniendo importantes logros en materia de sentencias y condenas, al igual que en el nivel de reparación y satisfacción de nuestros usuarios”.
-¿Qué tipo de intervención realizan con las víctimas?
“Actuamos en tres líneas de trabajo: sicológica, judicial y social. Como dependencia de la Corporación de Asistencia Judicial nuestro foco es el tema judicial y la representación de las víctimas. El objetivo es que la gente viva un proceso reparatorio desde esas tres áreas, considerando que la parte judicial es en sí reparatoria, la condena o la absolución sí afecta. Igualmente, participamos desde el ámbito proteccional como requirentes, a través de los Tribunales de Familia, a fin de brindar una atención completa e integral a quienes tienen la calidad de víctimas y a sus familias, evitando de esta manera aumentar la victimización secundaria, al tener que derivar a nuestros usuarios a otro abogado, esto cuando la causa de vulneración de derechos o en otras materias de familia tiene directa relación con el delito”.
-Desde un punto de legal, ¿en qué asisten a las víctimas?
“En una primera etapa les entregamos información concreta respecto de sus derechos, las orientamos respecto de las diligencias y hacemos un despeje respecto de la viabilidad jurídica, porque uno de los requisitos de ingreso de este centro es que la causa sea viable jurídicamente para poder querellarnos. Si no es así, derivamos. Es lo que ocurre con las causas que ya están prescritas, no podemos tomarlas. También con hechos que no son constitutivos de delito. Luego de eso, si corresponde, iniciamos la representación jurídica”.
-¿Y en lo sicológico?
“Lo primero es la contención. La mayoría de las personas viene afectada producto de haber sido víctima de un delito violento, entonces lo primero es contenerlas para que puedan ir comprendiendo los aspectos jurídicos y sociales. Por eso trabajamos en conjunto. Paralelamente, evaluamos el estado emocional, para ver si se requiere intervención médica. Esto respecto de la víctima directa, pero también de su familia”.
-¿Qué es la victimización secundaria y cómo se evita?
“La victimización secundaria se produce cuando la víctima es sometida a maltrato en alguna instancia posterior a la denuncia”.
-¿Qué tipo de maltrato?
“Por ejemplo, emocional, si se le pregunta muchas veces qué fue lo que le pasó o si hace de manera inadecuada o se le cuestiona. En definitiva, es un proceso mal llevado que repercute en la víctima. Esto puede llevar a que se retracte de la denuncia. Debemos tratar de evitar que la persona reviva una y otra vez el hecho. De ahí que nosotros tengamos salas especiales de atención, que no son oficinas propiamente tales sino espacios que se asemejan más al living de una casa. Asimismo, tratamos de que las personas no esperen, les damos una hora y a esa hora las atendemos”.
Capacitar para prevenir
En el ámbito de las capacitaciones, el CAVI desarrolló un programa de transferencia metodológica con Junji, capacitando a educadoras, técnicos parvularios y auxiliares, focalizado primordialmente en detección de delitos sexuales y obligación de denunciar. En los cuatro talleres realizados, de tres horas, participaron 55 personas por sesión y fueron impartidos por la asistente social, la sicóloga y la abogada del centro.
-¿A qué jardines infantiles capacitaron?
“A los particulares, porque en los jardines dependientes de Junji ya está abordado el tema. En los privados detectamos que no había protocolos respecto de qué hacer ante la eventualidad de un delito sexual en contra de una niña o un niño. En el primer taller evaluamos el conocimiento que tenían de la problemática y los mitos que arrastraban respecto de eso. Sobre esa base, les clarificamos qué se considera delito sexual, además de cuándo, cómo y dónde denunciarlo. Dejamos sentadas las bases para que se active un protocolo claro y efectivo de atención”.
-Después de los talleres, ¿están capacitadas para detectar cuando un niño manifiesta ciertas conductas que lleven a pensar que ha sido víctima de un delito sexual?
“Sí. Pero también que si tienen dudas sepan a dónde recurrir, porque hay procedimientos que son inadecuados y eso enlentece o impide que lleguemos a un proceso. Hicimos esos talleres también considerando que nosotros llevamos adelante el 80% de las causas de delitos sexuales en menores de edad. Es un tema que debemos seguir abordando desde la prevención”.
Casos emblemáticos
En 14 años de existencia, el CAVI ha intervenido en importantes casos de delitos violentos ocurridos en la región. Uno de ellos es el femicidio de Ruth Velásquez, para cuyo autor se había solicitado una pena que al CAVI le pareció insuficiente para reparar el daño causado.
“El Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años, y nosotros, en acusación particular, solicitamos presidio perpetuo calificado, lo que permitió que el tribunal en definitiva aplicara la sanción de presidio perpetuo simple, que fue posteriormente ratificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad”, cuentan con orgullo las profesionales del centro.
La sentencia condenatoria, obtenida en diciembre de 2014, es un hito del CAVI, por cuanto fue la primera de esa entidad en la región.
“Nos parece relevante, ya que en ella se evidencia el trabajo reparatorio integral efectuado con la familia, que en la actualidad continúa desde el área psicosocial. Igualmente, en este caso, abordamos no sólo temas penales, sino que proteccionales y de cuidado personal, que se originaron a partir del delito, lo que fue trabajado y patrocinado a cabalidad por este centro, con resultados satisfactorios para nuestros usuarios”, detalla la coordinadora Claudia Saiter.
Asimismo, han intervenido en otros casos emblemáticos ocurridos en la Región de Magallanes, como el de Jacqueline Leyton, parricidio frustrado; María Gabriela Alvarado, embarazada quemada por su pareja; el del sacerdote Jaime Low Cabezas, culpable de abuso sexual, y la desaparición de Ricardo Harex González.
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